Mientras la escalada del precio del zapallito tronco (y también del zucchini), a $ 40 el kilo, cobró inmediata notoriedad mediática, poco o nada trascendió de las razones de tal suba que, entre otras cosas, implica la crisis social de cientos de personas en el noroeste del país que perdieron la totalidad de su producción y no tienen cómo seguir. En realidad, muchos de ellos, ni siquiera tienen para comer hoy, y ya conforman piquetes sobre varias rutas.
Pero el hecho no es nuevo. Más vale es bastante antiguo, tanto que, en el caso de Tucumán ya lleva casi 3 años, lapso durante el cual las lluvias fueron esquivas determinando la pérdida de las dos últimas cosechas y el riesgo de que la próxima corra la misma suerte.
Tanto es así que, de acuerdo a los datos que brindaron el lunes, dirigentes de la producción de aquella región, acompañados por los representantes de la Mesa de Enlace, solamente en Salta, en la última campaña, se perdió más del 80% de la producción de soja, de maíz y de porotos. Dicho de otra forma, se esperaban más de 3 millones de toneladas y apenas se recogieron algo más de 500.000 toneladas de granos.
Como si fuera poco, hace unas semanas atrás, una feroz helada que duró cerca de 10 horas (a -9º C) aniquiló la producción hortícola, con una pérdida total superior a los $ 500 millones, entre ellos, los zapallitos, además de berenjenas, tomates, morrones, etc., y esto sin contar el 40% de la zafra de azúcar y más de 20% de la cosecha de limones.
Ahora bien, estos son solo los “números”, aunque eso lleva a pensar, además, ¿cómo hizo Agricultura para lograr 105 millones de toneladas de cosecha total (contra los 93/95 millones que estiman los privados), si solamente en Salta se dejaron de cosechar más de 2 millones de toneladas?
Pero el asunto más serio es que detrás de eso hay gente; productores de distinto tamaño que se fueron empobreciendo hasta el punto de quedarse sin nada (los más chicos), y que ni siquiera logran que se declare la Emergencia agropecuaria provincial (como en Tucumán), condición imprescindible para alcanzar el mismo reconocimiento a nivel nacional.
Y en las provincias remolonean para hacerlo porque no están dispuestos a resignar un solo peso de recaudación que les permita tapar algunos de los múltiples agujeros de sus propias malas administraciones.
A nivel nacional ocurre lo mismo.
De todos modos, la Emergencia Agropecuaria no sirve. Es un salvavidas de plomo. Apenas alcanza para “diferir” pagos de impuestos y créditos de la banca oficial (cuando los hay) que, cuando se pierde todo como en este caso, igual no se van a cumplir.
Ahí hace falta la declaración de Desastre Agropecuario (que directamente condona las deudas oficiales), y el auxilio con fondos de promoción para volver a empezar.
Pero, mientras los funcionarios nacionales y provinciales juegan a la política, y suponen que son grandes estrategas analizando resultados, alianzas y futuras traiciones, hay una cantidad de ciudadanos que, al borde las rutas, hoy reclaman, aunque sea, algo de comida y ni Bienestar Social, ni la Secretaría de Agricultura Familiar, o algún otro organismo (banco Nación, etc.), ni esa cantidad de funcionarios que habitualmente ocupa micrófonos y largas declaraciones sobre la “sensibilidad social”, la “mesa de los argentinos”, etc., acude con lo más imprescindible para auxiliar a esta gente.
“En 90 kilómetros hay 11 piquetes de hambrientos”, denunció un productor salteño que en 2 meses ya fue asaltado 3 veces en su campo.
Y, ¿qué se supone que esperan las autoridades para hacer algo y atender, primero, lo más inmediato, y proveer de fondos para que esos productores puedan volver a empezar? Hoy no tienen ni para semilla.
Pero después vienen los otros: los chicos, medianos, y hasta algunos grandes que están dejando de producir, primero por el clima, luego por la falta de rentabilidad, lo que ya está “parando” la vida económica de muchas ciudades rurales del interior.
Los pueblos están parados y nadie reacciona. Los ingresos del año que viene se están jugando ahora y nadie reacciona. Se llega al punto de tener que importar trigo (sería interesante, por ejemplo, ver que está pasando con las cargas en el puerto uruguayo de Nueva Palmira), y nadie reacciona…
¿Cuál es el sentido de mantener un 22/23% de retenciones en un grano que hay que importar? Y, ¿qué va a pasar ahora con el maíz?
Y esto por hacer solo un par de preguntas básicas.
¿Hay que esperar entonces a noviembre, cuando pasen las elecciones, para que algún funcionario nacional/provincial acuda en auxilio de quienes con una seca, un granizo, una helada o un incendio, perdieron toda su producción y, por ende, sus ingresos de los próximos meses, y están desesperados?
¿Qué tiene que pasar para que quienes tienen responsabilidades directas cumplan primero con sus deberes y se dejen de jugar a la política para ponerse a hacer política en serio?