Escribe Susana Merlo
Los recientes anuncios oficiales sobre cambios en materia de política tributaria y salarial, además de ser amplios y complejos, dejaron primeras sensaciones muy ambiguas. En primer lugar, ¿si todos ganan, entonces, quién pierde?…
Si bien resta aún el (rápido ?) paso por el Congreso, para los especialistas en negociaciones en esta primera etapa, las respuestas posibles son dos: o los resultados fueron mediocres, ya que ambas partes cedieron en sus pretensiones, con lo que el resultado es un punto intermedio que no sirve, parcial o, la otra posibilidad, es que el que pierde sea el que no está. Y en este caso, los encargados de las discusiones fueron los funcionarios nacionales, las jerarquías sindicales y los gobernadores. ¿Quienes faltaban allí?. Simplemente los contribuyentes y/o asalariados.
“Si el Gobierno, los sindicalistas y los gobernadores están contentos, entonces los contribuyentes se deben preocupar”, sostenía un observador aunque, además de algún cambio menor que pueda introducir el Legislativo, la propia propuesta oficial, cuando termine de decantar, no sea tan mala en su orientación, a pesar de ser parcial en su alcance inmediato.
En tal sentido, hay algo que no es refutable, y que pasa por el “gradualismo” que también se impone aquí, pero que solo se aplica a la disminución de algunos impuestos (a 5 años), mientras que los aumentos de otros y la subas de tarifas por eliminación de subsidios será prácticamente inmediata, con los consecuentes impactos inflacionarios en el costo de vida.
Lo más saludable, tal vez, sea el ordenamiento interno que se producirá, vía suspensión de reclamos cruzados entre Nación y provincias, y por el desistimiento de demandas pendientes. Sin embargo, esto no lo percibe directamente la población y tampoco nadie lo explica.
Hay que tener en cuenta, además, que tampoco implica per se una solución al problema central: el achicamiento del déficit actual, es decir, el recorte efectivo del gasto público que aún no aparece. Dicho de otra forma, es imposible bajar la presión impositiva global, mientras no baje simultáneamente el gasto, y eso no ocurre, prácticamente, en ninguno de los niveles: Nación, provincia y municipio, en la propuesta presentada.
Y esto, además del problema interno, provoca una fuerte pérdida de competitividad de Argentina, incluso, respecto a los países vecinos con los que ostenta poderosos 10 puntos extra de presión tributaria global.
Y este, justamente, es uno de los puntos clave. Según el economista Ricardo López Murphy, “el tema de las exportaciones que siguen sin crecer; el riesgo-país que aumentó después de las elecciones, y la falta de inversiones extrajeras”, son indicadores muy sugestivos. Solo respecto al último aspecto, mientras en los ´90, las inversiones extranjeras en Argentina llegaban a 25% del total en América Latina, en la actualidad apenas rondan un 3%.
Las objeciones tampoco son pocas. Por caso, los recortes a las provincias ya están impulsando fuertes aumentos de otros gravámenes como los inmobiliarios, mientras que respecto a la eliminación/disminución de cargas laborales, tampoco significan una inmediata reacción alcista en las contrataciones, mientras no mejore la competítividad y las posibilidades exportables del país, cuyo mercado interno tampoco está en su mejor momento de tracción. Los empresarios preguntan: ¿para que contratar más empleados si no se va a producir o vender más?.
Ni hablar de los impuestos internos que se aumentan ya, especialmente a alimentos con producciones de fuerte incidencia en zonas extrapampeanas, como azúcar, jugos, o frutas aunque, como contrapartida, se anuncie la baja del Impuesto al Cheque (a cuenta de Ganancias) a 5 años, igual que Ingresos Brutos, o Ganancias que pasará de 35% a 20% en el mismo lapso. Tampoco se espera impacto inmediato de la eliminación de cargas a los sueldos por debajo de los $ 10.000 por mes, ya que es ínfima la población “regular” que cobra por debajo de esa cifra.
Más dudoso, según el especialista Jorge Hadad, es “el resultado que tendrá la eliminación de excenciones a cooperativas financieras y de seguros, o las desgravaciones para la 4* categoría”, mientras destaca como positiva la aparición del Código de derechos y garantías de los contribuyentes”, en tanto define la propuesta como “una modificación y adecuación de impuestos”. “No es una reforma fiscal”, dice.
Por ahora, además, sobre las posibilidades de actualizar valores según inflación, revalúo, etc., imprescindibles para empresas ya instaladas, como las agropecuarias, nada se supo, aunque algunos creen que puede ser otra “moneda de negociación” para el Congreso, como los impuestos internos a los vinos y espumantes, lo fueron con los gobernadores.
En síntesis, correcciones de alguna envergadura, bien orientadas, pero escasas, con gusto a muy poco para la producción