Escribe Susana Merlo
Bastó que el presidente Mauricio Macri dijera: “Esta es la última vez”, para que inmediatamente se dispararan todas las previsiones de una sociedad acostumbrada por décadas, a que lo “transitorio”, la “unica vez”, el”caso extraordinario”, etc., etc., se transforme en lo permanente.
“Esta debe ser la última crisis”, sostuvo Macri en un intento por justificar la adopción de medidas que había rechazado enfáticamente hasta hacía pocas semanas atrás. El problema es que en el caso de las retenciones, y del campo en particular (ya que ahora se ampliaron a “todo” lo exportable de los distintos sectores), los productores son profundamente escépticos. Obvio que no es culpa solo de Macri, sino también de la gran mayoría de sus antecesores que sin hesitar borraban con el codo todo lo que habían escrito con la mano, y las retenciones fueron uno de los ejemplos más palmarios.
En todo caso, el principal error del actual mandatario en este sentido, podría ser el desconocimiento de la historia, lo que también le impide saber porqué los mercados reaccionan en forma distinta a la que le dicen varios de sus asesores y equipo.
Esto es muy fácil de comprobar solo con remontarse a la etapa de la democracia, aunque se podría ir mucho más atrás también.
Durante el radicalismo de Raul Alfonsín se apeló a los impuestos a la exportación hasta que el ingobernable desequilibrio económico lo forzó a un nuevo aumento desmedido del impuesto, a principios de agosto del ´88, momento a partir del cual el desbarranque económico del país fue continuo hasta forzar el abandono adelantado de la presidencia de la República, en julio de 1989.
La Administración Menem las mantuvo hasta el acceso de Domingo Cavallo a Economía, que las “borró” de un plumazo, a cero (0%) en todos los productos y rubros, en marzo de 1992, situación que luego se mantuvo por casi 12 años, lo que llevó a creer que ya se trataba de un estado permanente, estructural.
Sin embargo, tras la crisis de Fernando de la Rua de fines de 2001, el tandem Eduardo Duhalde- Jorge Remes Lenicov, las volvió a reimplantar al principio de 2002, “como una herramienta transitoria, ante la crisis social” de aquel momento. Ese año, al arrancar, el monto recaudado rondó los U$S 880 millones.
Sin embargo, a medida que transcurrieron los años, y los gobiernos, tal monto siempre fue en ascenso hasta superar los U$S 8.000 millones anuales (solo de retenciones al campo).
Las necesidades también crecientes de la Administración Kirchner, a pesar de los extraordinarios precios agrícolas de 2006-2008, llevaron a un nuevo intento con la luego famosa Resolución 125, de la era Martín Lusteau que no era nada más y nada menos que la implantación de las retenciones móviles, lo que podría haber llevado la recaudación por encima de los U$S 10.000 millones.
El rechazo de los productores, y la falta de manejo político de la cuestión, desembocó en un conflicto que duró 4 meses, costo miles de millones de dólares y ahora visto a la distancia, significó el principio del fin de Era K, a partir del famoso desempate con el “voto no positivo”, del por entonces vicepresidente de la Nación, el radical Julio Cleto Cobos.
Pero esto, que no se evaluó correctamente al principio, no modificó las necesidades económicas y financieras del kirchnerismo que insistió con un nuevo “invento” mediante el cual al final quebró la habitualmente frágil voluntad de muchos gobernadores y logró imponer un fondo, votado por el Congreso en marzo de 2009, por medio del cual “coparticipaba” una parte del nuevo incremento de las retenciones (¡ojo!, no todas!!).
El monto en cuestión dió en llamarse “Fondo Federal Solidario” (con el 30% de la recaudación de la soja) y, aunque en principio la idea era que lo recibirían las provincias automáticamente, en realidad luego se fue usando como asignación directa desde el Poder Ejecutivo para disciplinar y lograr la adhesión de gran cantidad de intendentes.
Tan controvertido y confuso resultaba todo a esa altura que, si bien el Fondo tenía como ¨”destino” obras públicas en zonas rurales (fue el argumento “político” usado para conseguir la adhesión), hasta la Ciudad de Buenos Aires aprovechó la repartija hasta hace pocos días atrás cuando el sistema se diluyó, y los fondos de retenciones volvieron a pasar a manos de la Nación en su totalidad, al menos por ahora.
Desde su reimplantación en 2002 hasta el fin del mandato de Cristina Elizabet Fernández, los impuestos a la exportación del campo habían aportado más de U$S 70.000 millones que, en general, se le habían sacado a la producción de todo el país y, por ende, a los impuestos por movimientos económicos de las provincias.
Pero, ¿a que viene todo este “revival”?.
Simplemente a recordar que las historias se están repitiendo. No hay nada novedoso en lo que ocurre hoy. Cada vez que los números de la economía se recalientan, la solución facilista pasa, entre otras cosas, por echar mano a las retenciones (nunca tan generalizadas como esta vez), a pesar del efecto dramáticamente negativo que tienen. Sin embargo, la “urgencia” siempre es suficiente justificación para el manotazo.
Para los productores el porvenir está claro: “las retenciones vinieron para quedarse”, y por otro lado, se sospecha que es muy probable que los $ 4 por dólar (10%), puedan ascender a $ 6, y hasta $ 8, cuando las cuentas vuelvan a no cerrar.
La pregunta inmediata que surge es: ¿porque los funcionarios actuales creen que haciendo lo mismo que en el pasado van a obtener resultados distintos esta vez???