Escribe Susana Merlo
Desde hace más de 70 años, los argentinos escuchan hablar de la “sustitución de importaciones”.
En ese lapso corrieron ríos de tinta, se ocuparon horas de radio y también de televisión, todo en explicaciones más o menos incomprensibles para el común de los mortales, pero que llevaron a que los sucesivos gobiernos, casi sin excepción, tomaran tal aseveración como cierta, y la mayoría de ellos trataron de obrar en consecuencia.
Pero la sustitución de importaciones, que no es ni más ni menos que intentar obtener/fabricar localmente lo que se importaba, tuvo varias limitaciones a lo largo del tiempo: desde la falta de ciertos insumos esenciales que no había en el país (como el fósforo para fabricar los fertilizantes, por citar solo uno); hasta tecnologías muy avanzadas para desarrollar muchas industrias; pasando por los costos superiores a los internacionales en la obtención de distintos bienes. Pasó con los autos, por ejemplo.
Sin embargo, esta errónea concepción sobre que es una “política de Estado”, que fue aceptada por muchos como una verdad indiscutible, dio lugar a uno de los mayores atrasos en los que se sumió la Argentina, y alentó en su seno el germen (luego invasivo) del dirigismo y del estatismo que poco y nada tienen que ver con el desarrollo de un país, sino todo lo contrario.
Por supuesto que, simultáneamente, se fueron ampliando rubros de industrias ineficientes, solo sostenibles por el auxilio de la ayuda del Estado que fue, y es, ni más ni menos que la transferencia de recursos de los eficientes, hacia los ineficientes, y también de los consumidores que debieron pagar mucho más caro por productos de menor calidad que los que se conseguían en el mundo.
Y esas industrias, subsidiadas, que además requerían de economías cerradas pues les resultaba imposible competir, aún con el aporte de los dineros públicos (tipo de cambio, etc.) y privados (precio) se acostumbraron tanto a ese tipo de protección que, salvo excepciones, nunca más se preocuparon por mejorar su eficiencia, su calidad, o su productividad, total tenían garantizado un mercado cautivo que iba a pagarles lo que pidieran.
Tan exagerada fue la cuestión, que muchos de los mal llamados “parques industriales” cayeron en esta trampa de sobreprotección, igual que la mayoría de los regímenes de promoción, algunos de los cuales, muy emblemáticos, gozan de excelente salud aún hoy…
Es muy difícil saber, y hasta estimar, el monto total de semejantes transferencias de recursos durante tantas décadas. La realidad, sin embargo, muestra un dato indiscutible: todos esos productos protegidos siguen siendo caros, y la mayoría de inferior calidad que la internacional. Y esto va desde los autos, hasta los tejidos y las telas; desde la tecnología, hasta los electrodomésticos, y así sucesivamente. ¿Pero qué hubiera pasado si, en lugar de agregarle “costo argentino” a los rubros más competitivos del país, se los hubiera dejado trabajar “sacándole las manos de encima”, como suelen reclamar?.
Por supuesto que estamos hablando del sector agroindustrial, anterior a la propia Argentina- Nación, ya que se remonta a la Colonia, que es la principal moneda de intercambio que tiene el país (justifica alrededor del 75% del ingreso de divisas), y que es el único “dólar positivo”, ya que son muchos más los que genera por el comercio internacional, que los que consume por insumos para su producción y, encima, lo hace con retenciones.
La diferencia de criterios queda plasmada en lo que hizo Brasil que, en lo que va de este siglo, asignó anualmente entre U$S 60.000-70.000 millones por año para lograr consolidarse como un líder mundial en la provisión de alimentos, lo que logró ampliamente. Tanto así que, en poco más de 20 años, el gigante sudamericano se ubica entre los 2-3 principales proveedores mundiales de alimentos, y hasta se dio el lujo de “evitar” caer en el poco confiable mercado de Argentina como proveedor de Trigo. Hoy, aún con su suelo y con su clima, Brasil produce ya 10 millones de toneladas/año de trigo, volumen que hasta no hace mucho le vendía la Argentina.
Pero diferencia de tamaños aparte, las políticas locales implicaron que en el mismo lapso (desde 2002 cuando la Administración Duhalde reimplantó las retenciones que había eliminado Menem-Cavallo en 1991), el fisco transfirió desde el campo, y solo por retenciones, más de U$S 170.000 millones hacia sectores mucho menos eficientes, incluyendo malas administraciones públicas.
Seguramente, de haber quedado esos montos en el interior, se hubiera evitado el estancamiento productivo de más de una década que hoy sufre el país y, más aún, se hubiera logrado un crecimiento también vertical, sumando más proceso y más agregación de valor, al aplicar una verdadera “sustitución de exportaciones” que, teóricamente, es lo que buscan los que critican la “primarización” de la producción agropecuaria argentina, lo que tampoco es tan cierto.