Escribe Susana Merlo
…los tiempos de la política son flexibles, pero los de la producción agropecuaria no. Y es justamente allí donde se producen las mayores fricciones, en especial, en años proselitistas como el actual. Es que salvo raras excepciones, el político piensa en el corto plazo eleccionario (como máximo, de 2 años, entre comicio y comicio), y es capaz de hacer abortar cualquier programa o proyecto que conspire contra sus aspiraciones más inmediatas, sin importarle demasiado el costo.
El hecho, además, de que desde hace años no haya verdaderas políticas de Estado, de ningún tipo (no solo agropecuarias), impide la continuidad de cualquier planteo de largo plazo que exceda los meramente eleccionarios, con la única excepción de los que permiten los avances tecnológicos, sobradamente aprovechados por la mayoría de los políticos de los distintos partidos, que suplen así sus propias ineficiencias, con los logros y avances de los científicos.
Y lamentablemente, el reciente ejemplo de la carne vacuna, además de recurrente, es uno de los más ilustrativos sobre la falta de visión de mediano y largo plazo, o del interés general por sobre el particular (léase: “personal”).
Es cierto que históricamente, el sector ganadero fue siempre el más intervenido. Sin embargo, la seguidilla de medidas que se fueron imponiendo en los últimos 15 años, merecen algunas reflexiones especiales.
Aunque todo comenzó con el recalentamiento del mercado en 2005, fue con el argumento de “proteger la mesa de los argentinos” cuando se tomó la inédita medida de cerrar, directamente, las exportaciones de carne en marzo de 2006, decisión que se prolongó durante casi todo ese año, frustrando la etapa de crecimiento y despegue de la actividad que habían comenzado a alentar las mejores cotizaciones.
A partir de allí se sucedieron todas las formas de intervención directa e indirecta imaginables: precios sugeridos, máximos, cuotas, registros, amenazas, sanciones, ROEs rojos, etc., etc., que, sumados al antecedente del cierre del comercio exterior, provocaron una liquidación ganadera que se llevó más de 20% del rodeo de entonces (unas 11 millones de cabezas), que al día de hoy, aún no se recupera totalmente.
De hecho, semejante caída productiva, además de debilitar el potencial exportador, y su consecuente ingreso de divisas, también fue la principal causa de fuerte suba en los precios internos que se produjo un tiempo después, y que , como ocurre siempre, fue imposible de manejar en condiciones de escasez de oferta, con medidas dirigistas.
Pero evidentemente, la (mala) experiencia de 2006 al 2014-15, parece no haber sido suficiente y, a pesar del daño causado, imprevistamente, después de varias medidas de intervención, en mayo pasado, se volvió a repetir el cierre de exportaciones, esta vez con una serie de desprolijidades en la adopción de la medida más digna de Alaska (donde no existe un solo vacuno) que de un país donde la ganadería constituyó la base de su economía desde antes de la Colonia.
De acuerdo a un trabajo de la Sociedad Rural Argentina, el impacto de tales acciones oficiales “en 135 días de estas políticas sobre la cadena de ganados y carnes, acumuló pérdidas por U$S 1.084 millones, cifra que representa más de 8 millones por día de intervención”.
Destacan, además, que “dentro de los eslabones de la cadena los productores asumieron el monto más grande con U$S 411 millones, mientras que en los frigoríficos las pérdidas alcanzaron U$S 165 millones, y los operarios tuvieron una merma en sus remuneraciones de U$S 59 millones. Por caída del efecto multiplicador de la actividad primaria se perdieron U$S 209 millones y finalmente U$S 240 millones en exportaciones no realizadas”.
Lo que tampoco se dice es que, a pesar de todo este costo, los consumidores locales no se vieron beneficiados con baja de precios sustanciales y, más vale, lo que quedó en claro con el cobro del aguinaldo, fue que el aumento relativo de la demanda en junio-julio, estuvo ligado al mayor poder de compra, y no a la disminución de los precios del producto.
Ahora, naturalmente a días de las elecciones internas, se vuelven a prorrogar las restricciones hasta octubre, y seguramente luego se extenderán hasta después de las elecciones de noviembre cuando, sobre fin de año, por efecto fiestas, aguinaldo y vacaciones, se disimule cualquier movimiento que pudiera a llegar a tener el mercado.
También probablemente entonces, y apretados por la realidad y la falta de divisas (si antes los resultados de los comicios no obligan a un baño de realismo), la Argentina podrá comenzar a aprovechar otra vez los mejorados precios internacionales, pero las perdidas sufridas no se van a recuperar, el daño productivo costará remontarlo casi tanto como la vez anterior, y es imposible calcular cuanto llevará recuperar la credibilidad interna (de productores y frigoríficos), y más aún, la de los compradores externos que por segunda vez, imprevistamente, se quedaron sin proveedor (y eso no es gratuito).
