Escribe Susana Merlo
(30/11/24) La confirmación de los recortes en el INTA que, además de los 1.500 agentes ya anunciados, sobre los más de 8.000 existentes, alcanza también a la venta de una cantidad de inmuebles y miles de hectáreas, enciende automáticas luces de alerta debido a la historia argentina al respecto.
Es que además de la desprolijidad de los anuncios, tal vez, conscientemente incompletos, y a cuentagotas, que hacen recordar aquello de “poner el carro adelante del caballo”, se omitió el punto central de todo el asunto: ¿el Gobierno quiere que siga el INTA?, ¿Qué clase de organismo técnico prevé?, ¿Cuál es el proyecto de Argentina agroindustrial, que busca lograr, y que asistencia técnica (social, económica) va a aplicar para lograrlo?
Claro que definir esto sería también tener un proyecto y, evidentemente, todavía no lo hay. Y sería muy peligroso primero recortar, liquidar, deshacer, y recién después ver que se hace….
Pero tampoco la dirigencia nacional del sector tuvo a lo largo de todas estas décadas, mayor idea al respecto y, a medida que la Argentina se estancó como país, en las últimas dos décadas y media especialmente, también muchos organismos como el INTA y el Senasa, entre otros varios, se fueron desvirtuando, perdiendo su norte, y hasta volviendo a pasados y tristes cuestionamientos político-partidarios, muy alejados de su objetivo de origen.
Hay que reconocer que las culpas, y las (i) reponsabilidades fueron concurrentes en este sentido, entre quienes se sentaban en los sillones del Consejo (en muchos casos hasta con honorarios, gastos de representación, asistente, auto, oficina, etc.), y quienes dirigían en forma ejecutiva el organismo, no siempre capacitados para hacerlo.
Pero eso no justifica que se salga ahora a tontas y a locas a desarmar todo. Y esto sin negar para nada la imprescindible racionalización y el aggiornamento de un organismo hoy sobredimensionado, que fue perdiendo eficiencia, y donde lo “administrativo” supera a lo técnico, e insume buena parte de su presupuesto. El 90% de U$S 250 millones /año, según el propio Gobierno. Pero una cosa no implica la otra. Porqué hacer mal, no se “debe” hacer bien??.¿O acaso no corresponde, antes de anunciar los recortes y, más aún las ventas, presentar cual es el plan de reconversión de semejante instituto de tecnología?, ¿Cómo saben que lo que estoy recortando no es lo que se va a necesitar para el proyecto de Argentina agroindustrial que urge plantear, como ya hicieron Chile, Brasil y hasta Paraguay, tema sobre el cual el país está, al menos, dos décadas y media atrasado??
Por supuesto que es necesario modernizar, y “alivianar” estos entes, entre otras cosas, porque hoy la tecnología fuerza la reconversión. Obvio que hay que deshacerse de edificios ya casi desocupados pues muchos trabajan “a distancia”, a partir de la pandemia de 2020, y varias otras cuestiones, pero no es menos cierto que tanto el Senasa (sanidad animal y vegetal) como el INTA, son sendos organismos estratégicos en cualquier lugar del mundo.
Pero como parece que hasta ahora el único objetivo es el recorte de personal y conseguir los fondos de las ventas de terrenos del organismo, el “programa oficial” no aparece (a pesar de que hoy las principales autoridades del INTA provienen de una asociación de productores supuestamente de “avanzada” como Apressid, que debieran tener muy claros los objetivos de mediano y largo plazo del sector). Y, como da la impresión que del lado de las entidades tampoco hay demasiada idea (especialmente a nivel nacional, ya que en muchos casos locales tienen clarísimas las cosas), se llegó a una especie de stand by, un “acuerdo”, por el que se “autoriza” a ejecutar algunos bienes, y, por otro lado, se da un tiempo para racionalizar a la gente, y presentar los planes locales de cada centro.
Lo más probable, es que las entidades nunca se pongan de acuerdo, como ya viene ocurriendo, y el Gobierno vuelva a actuar directamente como cuando desguazó el muy buen programa de Cambio Rural, o el ProHuerta, entre otros muchos muy exitosos, mientras se mantuvo la cantidad de administrativos.
Así, este Instituto de Tecnología Agropecuaria que se creó en diciembre de 1956, durante el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu debido a que “el ritmo de progreso de la tecnología agropecuaria que adopta un país, condiciona la vitalidad de su esfuerzo económico en el orden interno y en el sistema competitivo internacional”, como se citaba entonces, que cuenta con 6 centros, 21 institutos de investigación, y una cantidad de agencias de extensión en todo el país, hoy no sabe cual es su destino final.
En realidad, por ahora los resultados de la reunión funcionarios-Consejo Directivo, resultó 1 a 1, pero sin tocar los temas de fondo: al Ejecutivo se le aprobó la venta del predio de Cerrillos en Salta que comprará el Gobierno provincial. Lo mismo ocurrió con el edificio de Cerviño 3101, en pleno Palermo, ciudad de Buenos Aires, autorizado para su posterior enajenación mediante subasta pública. En ambos casos, el producido de sendas ventas deberá depositarse en la cuenta escritural del organismo.
Por otra parte, de los datos que trascendieron, el Consejo (compuesto por representantes de CRA, la Rural, Coninagro, Federación Agraria, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria, AACREA, y un representante del gobierno) dicen no haber recibido “consultas” (del Ejecutivo) por la venta de otros inmuebles, o predios, aunque se sabe que varios de ellos ya recibieron directivas para desafectar distintas extensiones de las 116.000 hectáreas totales con que cuenta el organismo.
También se dió un plazo de 75 días al INTA para analizar y definir la adecuación de la dotación del personal optima que acompañe la estrategia de un INTA moderno y eficiente (aunque no se definió “moderno y eficiente”).
Y además el Consejo Directivo habría decidido conformar un “grupo consultor” que acompañe la construcción y definición para la estrategia de modernización de la Institución dentro de un plazo de 180 días, o sea, 6 meses.
En todos los casos, un tenso compás de espera que, a pesar del tiempo extra conseguido, parece difícil que en 6 meses se llegue a definir lo que no se hizo en décadas, o que las “urgencias” del gobierno no aceleren los tiempos de las definiciones, como ya se hizo en todos los casos donde los acuerdos sectoriales no fueron contundentes.
